Aspectes econòmics i financers (4)

26. Algunos productos financieros, incluidos los llamados “derivados”, se crearon para garantizar un seguro contra riesgos inherentes a determinadas operaciones, incluyendo a menudo una apuesta hecha sobre la base del valor presuntamente atribuido a dichos riesgos. Subyacentes a estos instrumentos financieros están los contratos en los que las partes todavía pueden evaluar razonablemente el riesgo fundamental contra los cuales se pretende asegurarse.

Sin embargo, para algunos tipos de derivados (en particular, las llamadas titulizaciones o securitizations), se ha observado que a partir de las estructuras originarias y vinculadas a inversiones financiarías individuales se construían estructuras cada vez más complejas (titulizaciones de titulizaciones), en las cuales es cada vez más difícil –en realidad, prácticamente imposible después de varias de estas transacciones– establecer en modo razonable y ecuo su valor fundamental. Esto significa que cada paso en la compraventa de estos títulos, más allá de la voluntad de las partes, opera de hecho una distorsión del valor efectivo del riesgo que el instrumento debería proteger. Todo ello ha favorecido el surgimiento de burbujas especulativas, que han sido importantes concausas de la reciente crisis financiera.

Es evidente que la improvisa aleatoriedad de estos productos –el desvanecimiento creciente de la transparencia de lo que aseguran– que, en la operación original no es percibida, los hace cada vez menos aceptables desde el punto de vista de una ética respetuosa de la verdad y del bien común, ya que los transforma en una especie de bombas de relojería, listas para explotar antes o después, esparciendo su falta de fiabilidad eco­nómica e intoxicando los mercados. Hay aquí una carencia ética, que se vuelve más grave a medida que estos productos se negocian en los llamados mercados extrabursátiles (over the counter) –expuestos al azar, cuando no al fraude, más que los mercados regulados– y sustraen linfa vital e inversiones a la economía real.

Una valoración ética semejante se puede hacer también con respecto a los usos de los credit default swap (CDS: permuta de incumplimiento crediticio; esto es, contratos particulares aseguradores del riesgo de quiebra), que permiten apostar sobre el riesgo de quiebra de un tercero, también a aquellos que no han asumido en precedencia un riesgo de crédito, e incluso repetir tales transacciones en el mismo evento, lo cual no es de ninguna manera permitido por las normales pólizas de seguros.

El mercado de CDS, en vísperas de la crisis económica de 2007, era tan imponente que representaba aproximadamente el equivalente del PIB mundial. El difundirse sin límites adecuados de este tipo de contratos ha favorecido el crecimiento de una finanza de riesgo y de apuestas sobre la quiebra de terceros, lo que resulta inaceptable desde el punto de visto ético.

De hecho, la operatividad de compra de esos instrumentos por parte de aquellos que no han asumido aún riesgo alguno de crédito es un caso singular en el que individuos comienzan a interesarse por la quiebra de otras entidades económicas e incluso pueden verse tentados a operar en este sentido.

Es evidente que esta posibilidad, mientras, por una parte, constituye un hecho particularmente reprobable desde el punto de vista moral, ya que quien así actúa lo hace en pos de una especie de “canibalismo” económico, por otra parte, socava la necesaria confianza básica, sin la cual el circuito económico terminaría bloqueando. También en este caso, podemos notar cómo un evento negativo desde el punto de vista ético, se convierte en perjudicial para la sana funcionalidad de sistema económico.

Cabe señalar, finalmente, que cuando de semejantes apuestas pueden derivar grandes daños a países enteros y a millones de familias, nos enfrentamos a acciones sumamente inmorales, y resulta por ello conveniente ampliar las prohibiciones, ya existentes en algunos países, para este tipo de operaciones, castigando con la máxima severidad tales infracciones.

27. En un punto neurálgico del dinamismo de los mercados financieros se encuentran tanto la fijación (fixing) de la tasa de interés relativa a los préstamos interbancarios (LIBOR), cuya cuantificación sirve como tasa-guía de interés del mercado monetario, como las tasas de cambio oficiales de las distintas divisas, aplicadas por los bancos.

Estos son parámetros importantes, que tienen un impacto significativo en todo el sistema económico-financiero, ya que afectan a las grandes transferencias diarias de efectivo entre las partes que suscriben contratos basados precisamente en la cuantificación de dichas tasas. La manipulación de esta constituye por lo tanto un caso de grave violación ética, con consecuencias de amplio alcance.

El hecho de que esto haya podido suceder impunemente durante muchos años demuestra lo frágil y expuesto al fraude que es un sistema financiero que no esté suficientemente controlado por normas y se halle desprovisto de sanciones proporcionadas a las violaciones en las que incurren sus actores. En este contexto, la creación de verdaderos “carteles” de connivencia entre los sujetos responsables de la correcta fijación del nivel de esas tasas constituye un caso de asociación para delinquir particularmente perjudicial para el bien común, que inflige una peligrosa herida a la salud del sistema económico y que hay que sancionar con penas adecuadas que disuadan de su reiteración.

28. Hoy en día, los principales actores del mundo financiero, y en especial los bancos, deben contar con órganos internos que garanticen el adecuado control de conformidad (compliance), o autocontrol de la legitimidad de los principales pasos del proceso de decisión y de los productos más importantes ofrecidos por la empresa. Sin embargo, cabe señalar que, al menos hasta un pasado muy reciente, la práctica del sistema económico-finan­ciero se basa en gran parte en un juicio puramente negativo del control de conformidad, es decir, sobre un respeto meramente formal de los límites establecidos por las leyes vigentes. Desafortunadamente, de esto también deriva la frecuencia de una praxis de hecho elusiva de los controles normativos, es decir, de acciones destinadas a zafarse de los principios normativos vigentes, cuidándose bien, empero, de no contradecir explícitamente las normas que los expresan, para evitar sanciones.

Para evitar todo ello, es necesario que el control de conformidad entre en lo específico de las diferentes transacciones también en positivo, verificando su cumplimiento efectivo de los principios que informan la normativa vigente. La práctica de esta modalidad de control quedaría facilitada, según el parecer de muchos, si se establecieran Comités éticos, que funcionasen junto a los Consejos de Administración y constituyeran el interlocutor natural de quienes deben garantizar, en el correcto operar de los bancos, la conformidad entre los comportamientos y las razones de las normas vigentes.

A tal fin, dentro de las empresas habría que disponer líneas guía, que permitan facilitar este juicio de conformidad, de modo que sea posible discernir cuáles de las transacciones técnicamente viables en el aspecto jurídico, son de hecho, legítimas y viables desde el punto de vista ético (cuestión muy relevante, por ejemplo, para las prácticas de elusión fiscal). El objetivo es pasar de un respeto formal a un respeto sustancial de las reglas.

Además, es deseable que también en el sistema normativo que regula el mundo financiero haya una cláusula general que declare ilegítimos, con la consiguiente responsabilidad patrimonial de todos los sujetos imputables, aquellos actos cuyo propósito sea principalmente la elusión de la normativa vigente.

29. Ya no es posible ignorar fenómenos como la expansión en el mundo de los sistemas bancarios paralelos (shadow banking system), los cuales, si bien incluyen dentro de sí también tipologías de intermediarios cuya operatividad no parece crítica a primera vista, han determinado de hecho una pérdida de control sobre el sistema por parte de diversas autoridades de vigilancia nacionales, favoreciendo de forma imprudente el uso de la llamada financiación creativa, en la cual la principal razón para invertir recursos financieros es predominantemente especulativa, cuando no depredadora, y no un servicio a la economía real. Por ejemplo, muchos coinciden en afirmar que la existencia de estos sistemas “sombra” es una de las principales concausas que han llevado al desarrollo y la difusión global de la reciente crisis económico-financiera que comenzó en los EE.UU. con la de las hipotecas subprime en el verano de 2007.

30. De esta intención especulativa se nutre además el mundo de las finanzas offshore, que, aunque también ofrece otros servicios legales, a través de los ampliamente difusos canales de elusión fiscal –la evasión y el lavado de dinero sucio– constituye otra razón de empobrecimiento del sistema normal de producción y distribución de bienes y servicios. Es difícil discernir si muchas de estas situaciones dan lugar a casos de inmoralidad próxima o inmediata: es ciertamente evidente que tales realidades, donde substraen injustamente linfa vital a la economía real, difícilmente pueden encontrar una justificación, ya sea desde el punto de vista ético, ya sea en términos de la eficiencia global del mismo sistema económico.

Más aún, cada vez resulta más claro que existe un grado de correlación apreciable entre el comportamiento no ético de los operadores y la quiebra del sistema en su conjunto: es ya innegable que las deficiencias éticas exacerban las imperfecciones de los mecanismos del mercado.

En la segunda mitad del siglo pasado, nació el mercado offshore de los euro-dólares, lugar financiero de intercambio fuera de cualquier marco normativo oficial. Mercado que desde un importante país europeo se ha extendido a otros países alrededor del mundo, creando una verdadera red financiera, alternativa al sistema financiero oficial, jurisdicciones que la protegían.

A este respecto, cabe señalar que, si bien la razón formal para legitimar la presencia de sedes offshore es la de evitar que los inversores institucionales sufran una doble tasación, primero en su país de residencia y luego en el país en el que están domiciliados los fondos, de hecho, estos lugares se han convertido hoy en día, en ocasión de operaciones financieras a menudo al límite de la legalidad, cuando no se “pasan de la raya”, tanto desde el punto de vista de su legalidad normativa, como desde el punto de vista ético, es decir, de una cultura económica sana y libre del mero propósito de elusión fiscal.

En la actualidad, más de la mitad del comercio mundial es llevada a cabo por grandes sujetos, que reducen drásticamente su carga fiscal transfiriendo los ingresos de un lugar a otro, dependiendo de lo que les convenga, transfiriendo los beneficios a los paraísos fiscales y los costos a los países con altos impuestos. Está claro que esto ha restado recursos decisivos a la economía real, y ha contribuido a la creación de sistemas económicos basados en la desigualdad. Por otra parte, no es posible ignorar que esas sedesoffshore se han convertido en lugares de lavado de dinero “sucio”, es decir, fruto de ganancias ilícitas (robo, fraude, corrupción, asociación criminal, mafia, botín de guerra...).

Así, al disimular el hecho de que las operaciones offshore no se llevaban a cabo en sus plazas financieras oficiales, algunos Estados han permitido que se sacara provecho incluso de delitos, sintiéndose no responsables porque no se realizaban formalmente bajo su jurisdicción. Esto representa, desde un punto de vista moral, una forma obvia de hipocresía.

En poco tiempo, este mercado se ha convertido en el lugar de mayor tránsito de capitales, ya que su configuración representa una manera fácil de realizar diferentes e importantes formas de elusión fiscal. Se entiende entonces que la domiciliación offshore de muchas empresas importantes que participan en el mercado sea muy deseada y practicada.

31. Ciertamente, el sistema fiscal de los Estados no siempre parece justo; a este respecto, cabe señalar que tal injusticia a menudo es en perjuicio de los sectores económicos más débiles y en ventaja de los más equipados y capaces de influir incluso en los sistemas normativos que regulan los mismos tributos. De hecho, la imposición tributaria, cuando es justa, desempeña una fundamental función equitativa y redistributiva de la riqueza, no sólo en favor de quienes necesitan subsidios apropiados, sino también en el apoyo a la inversión y el crecimiento de la economía real.

En cualquier caso, es precisamente la elusión fiscal de los principales actores que se mueven en los mercados, especialmente los grandes intermediarios financieros, lo que representa una abominable sustracción de recursos a la economía real y un daño para toda la sociedad civil. Dada la falta de transparencia de esos sistemas es difícil determinar con precisión la cantidad de capital que pasa a través de ellos; sin embargo, se ha calculado que bastaría un impuesto mínimo sobre las transacciones offshore para resolver gran parte del problema del hambre en el mundo: ¿por qué no hacerlo con valentía?

Además, se ha demostrado que la existencia de sedes offshore favorece asimismo enormes salidas de capital de muchos países de bajos ingresos, generando numerosas crisis políticas y económicas e impidiendo a los mismos embarcarse finalmente en el camino del crecimiento y del desarrollo saludable.

A este propósito, hay que señalar que diversas instituciones internacionales han denunciado reiteradamente todo esto, y no pocos gobiernos nacionales han tratado justamente de limitar el alcance de las plazas financieras offshore. Ha habido muchos esfuerzos positivos en este sentido, especialmente en los últimos diez años. Sin embargo, todavía no ha sido posible imponer acuerdos y normativas adecuadamente eficaces en tal sentido; los esquemas normativos propuestos en esta área también por prestigiosas organizaciones internacionales han quedado frecuentemente sin aplicación o han resultado ineficaces, debido a la poderosa influencia que estas plazas pueden ejercer, a causa del gran capital del que disponen frente a tantos poderes políticos.

Todo lo cual, al mismo tiempo que constituye un grave perjuicio al buen funcionamiento de la economía real, representa una estructura que, tal como está configurada actualmente, resulta totalmente inaceptable desde el punto de vista ético. Es, por lo tanto, necesario y urgente que, a nivel internacional, se apliquen los remedios apropiados a estos sistemas inicuos; en primer lugar, practicando a todos los niveles la transparencia financiera (por ejemplo, con la obligación de rendición de cuentas, para las empresas multinacionales, de sus respectivas actividades e impuestos pagados en cada país donde operan a través de sus filiales); y también con sanciones incisivas impuestas a los países que reiteren las prácticas deshonestas (evasión y elusión de impuestos, lavado de dinero sucio) mencionadas anteriormente.

32. Especialmente en los países con economías menos desarrolladas, el sistema offshore ha empeorado la deuda pública. Se ha observado, en efecto, que la riqueza privada acumulada en los paraísos fiscales por algunas élites ha casi igualado la deuda pública de sus respectivos países. Esto evidencia asimismo que, de hecho, en el origen de esa deuda a menudo están los pasivos económicos generados por privados y luego descargados sobre los hombros del sistema público. Entre otras cosas, es bien sabido que importantes sujetos económicos tienden a buscar la socialización de las pérdidas, frecuentemente, con la connivencia de los políticos.

Sin embargo, es oportuno señalar que la deuda pública se genera, a menudo, también por una gestión imprudente – cuando no dolosa – del sistema de administración pública. Esta deuda, es decir, el conjunto de pasivos financieros que pesan sobre los Estados, representa hoy uno de los mayores obstáculos para el buen funcionamiento y crecimiento de las distintas economías nacionales. Numerosas economías nacionales se ven de hecho agobiadas por el pago de los intereses que provienen de esa deuda y, por lo tanto, se ven en la necesidad de hacer ajustes estructurales con ese fin.

Ante esto, por un lado, los Estados están llamados a revertir la situación con una adecuada gestión del sistema público, mediante sabias reformas estructurales, una sensata repartición de los gastos e inversiones prudentes; por otro lado, a nivel internacional, aún poniendo a cada país frente a sus ineludibles responsabilidades, es necesario igualmente permitir y alentar razonables vías de salida de la espiral de la deuda, no poniendo sobre los hombros de los Estados –y por tanto sobre los de sus conciudadanos, es decir, de millones de familias– cargas que de hecho son insostenibles.

Todo ello asimismo a través de políticas de reducción razonable y acordada de la deuda pública, especialmente cuando los acreedores son sujetos de tal consistencia económica que les permite ofrecerla. Estas soluciones se requieren tanto para la salud del sistema económico internacional, con el fin de evitar el contagio de crisis potencialmente sistémicas, cuanto para la búsqueda del bien común de los pueblos en su conjunto.

33. Todo lo dicho hasta ahora no afecta solo a entidades fuera de nuestro control, sino que cae también dentro de la esfera de nuestra responsabilidad. Esto significa que tenemos a nuestra disposición herramientas importantes para contribuir a resolver muchos problemas. Por ejemplo, los mercados viven gracias a la demanda y a la oferta de bienes; en este sentido, cada uno de nosotros puede influir en modo decisivo, al menos, en la configuración de esa demanda.

Por lo tanto, es importante un ejercicio crítico y responsable del consumo y del ahorro. Hacer la compra, acción cotidiana con la que nos dotamos de lo necesario para vivir, implica también una selección entre los diversos productos que ofrece el mercado. Es una opción que a menudo realizamos de manera inconsciente, comprando bienes cuya producción se realiza, por ejemplo, a través de cadenas productivas donde es normal la violación de los más elementales derechos humanos o gracias a empresas cuya ética, de hecho, no conoce otros intereses sino los de la ganancia de sus accionistas a cualquier costo.

Es necesario seleccionar aquellos bienes de consumo detrás de los cuales hay un proceso éticamente digno, ya que incluso a través del gesto, aparentemente banal, del consumo expresamos con los hechos una ética, y estamos llamados a tomar partido ante lo que beneficia o daña al hombre concreto. Alguien ha hablado, en este sentido, de “votar con la cartera”: se trata, en efecto, de votar diariamente en el mercado a favor de lo que ayuda al verdadero bienestar de todos nosotros y rechazar lo que lo perjudica.

Las mismas reflexiones deben hacerse en relación a la gestión de los propios ahorros, dirigiéndolos, por ejemplo, hacia aquellas empresas que operan con criterios claros, inspirados en una ética respetuosa del hombre entero y de todos los hombres y en un horizonte de responsabilidad social. Y, más en general, cada uno está llamado a cultivar prácticas de producción de riqueza que sean congruentes con nuestra índole relacional y tendentes al desarrollo integral de la persona.